Recientemente, hemos asistido a una demostración del poder de los banqueros en nuestro país. En pocos días han conseguido que el Tribunal Supremo se rectifique a si mismo, declarando que el  impuesto de las hipotecas deben pagarlo los hipotecados. Una decisión que ahorra a la banca miles de millones de euros, porque no tendrán que devolver retroactivamente este impuesto en millones de hipotecas.

El 2 de diciembre los andaluces estamos llamados a las urnas. Estas elecciones llegan con un PSOE desgastado por décadas de políticas de derechas y corrupción, con unas derechas (PP y Ciudadanos) envalentonadas y con una izquierda debilitada por la crisis de Unidos Podemos, que aquí se presenta con el nombre Adelante Andalucía. Debemos, sin embargo, mirar más allá de la superficie y ver las corrientes de fondo que hacen que estas no sean unas elecciones cualquiera.

Hoy se dio a conocer la noticia del arresto de un hombre de extrema derecha de 63 años que quería asesinar a Pedro Sánchez. A pesar de que la policía encontró 16 armas en su poder, la Audiencia Nacional se ha negado a tratar el caso porque no lo considera un asunto de terrorismo. Este es el mismo tribunal que ha condenado a los artistas de rap a la cárcel por "glorificar el terrorismo" en sus letras. ¿Un caso de doble rasero?

Hoy se han conocido las penas que pide la Fiscalía del Estado español para los procesados en el juicio por el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. A 9 de los procesados se les pide penas por el delito de rebelión que van desde los 25 años para Oriol Junqueras, a los 17 años para Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell, y 16 años para los otros cinco (Turull, Forn, Romeva, Rull y Bassa). A otros nueve imputados se les pide penas que van desde 10 años de cárcel a multa de 10 meses por delitos de desobediencia y malversación. Un total de más de 177 años de prisión para 12 procesados por el único delito de querer ejercer el derecho de autodeterminación.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la banca. La sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha decidido, por quince votos contra trece, que el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) recaiga, como hasta ahora, en el cliente hipotecado y no en el banco. Esta sentencia vuelve a poner al desnudo el carácter de clase de la justicia y del Estado en su conjunto.

Tras la experiencia exitosa de la consulta en Vallecas el pasado 23 de junio, se están organizando nuevas consultas por la República en la Comunidad de Madrid para este otoño. La idea de la República está cobrando cada vez más importancia en el debate político estatal, ante la prolongada crisis del régimen del 78, el descrédito de la monarquía y las provocaciones de la derecha franquista.