Análisis Político
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La polémica surgida en torno a la venta de armas a Arabia Saudí  y la supuesta dependencia del trabajo de los astilleros españoles de este sucio negocio, ha lanzado a toda la sociedad al debate sobre este asunto. La polémica surgió tras conocerse que el gobierno español debía entregar 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudita, semanas después del bombardeo saudí de tres autobuses escolares en Yemen en agosto, que dejó 40 niños muertos.  La venta de estas bombas había sido acordada por el anterior gobierno del PP, y por ellas el Estado español había recibido 9,2 millones de euros, pero correspondía al gobierno de Sánchez realizar su entrega.

Atrapada por la polémica, y ante la queja del grupo parlamentario de Unidos Podemos, la ministra de defensa Margarita Robles anunció que se suspendería la entrega de dichas bombas y que el contrato se cancelaría. Horas más tarde, se lanzó el rumor de que tal decisión conllevaría la cancelación por Arabia Saudita del contrato firmado en julio con la empresa estatal Navantia para la construcción de 5 corbetas, que garantizaba una carga de trabajo por 4 años, fundamentalmente en los astilleros de San Fernando (Cádiz), la provincia con mayor tasa de paro de España. 

Esta filtración, de contenido real o no, pero indudablemente propagada por sectores relevantes del aparato del Estado español y el gobierno saudí, provocó la reacción del Comité de Empresa de Navantia en San Fernando y el inicio de movilizaciones de los trabajadores para exigir al gobierno garantías de la continuidad de este contrato. Finalmente, el gobierno, como en tantos otros temas, dio un giro de 180º y al final de la semana pasada confirmó que se entregarían las 400 bombas y que se aseguraba el mantenimiento del contrato con Arabia Saudita para la construcción de las 5 corbetas. En la entrevista a Sánchez en el programa El Objetivo, de La Sexta, el presidente del gobierno justificó la decisión diciendo que “había priorizado la relación económica con Arabia Saudita y los puestos de trabajo en Navantia”. 

Un par de días antes, ya fuimos testigos de las declaraciones escandalosas y desvergonzadas de la ministra y portavoz del gobierno, Isabel Celaá, y del ministro de exteriores, Josep Borrell, diciendo que estas bombas “no se van a equivocar matando yemeníes” y que su alta precisión “hace que no se desvíen de su objetivo más de 1 metro”; como si el bombardeo de autobuses escolares hubiera sido una casualidad y el asesinato de civiles no fuera el objetivo declarado del régimen saudí en su guerra unilateral contra el pueblo de Yemen, al que mantiene en asedio desde hace dos años por mar, impidiendo la llegada de alimentos y otros productos básicos para la población.

Desde Lucha de Clases declaramos nuestra oposición tajante tanto a la entrega de las 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudita como a la venta de armas a su régimen sangriento, principal propagador del terrorismo yihadista en Oriente Medio y en Occidente.

Rechazamos que se utilicen a los trabajadores de astilleros como rehenes para justificar la venta de armas a dicho régimen asesino. Los trabajadores de Navantia no tienen capacidad de elegir, la continuidad de sus puestos de trabajo depende de las alternativas laborales que les proporcionan los gobiernos y altos funcionarios de turno.

Denunciamos las lágrimas de cocodrilo vertidas por el gobierno y los altos mandos de Navantia en su preocupación por el destino de los trabajadores de los astilleros públicos ¿Es que no ha demostrado ampliamente la experiencia que el gobierno saudí entrega generosas comisiones a políticos, diplomáticos, altos funcionarios y a personas relevantes del entorno de la Casa Real a cambio de la firma de éstos y otros contratos? ¿Es que acaso no es más lucrativo para todos estos personajes apostar por el negocio fácil de la venta de armas a Arabia Saudita que por obras de infraestructura e ingeniería civil, necesariamente menos opacas y más sobrias en beneficios?

Las grandes constructoras del IBEX35 se están haciendo de oro con sus negocios en la península arábiga y la contrapartida necesaria son mover sus hilos y los de la casa Real para favorecer la venta de armas a estos países.

Tampoco compartimos la posición de los hipócritas que se quejan de la venta de armas al régimen saudí y a otras dictaduras, pero callan ante la venta de armas españolas a otros países, por muy “democráticos” que aparezcan. Nos oponemos a la venta de armas a Arabia Saudita y a cualquier país imperialista o títere del imperialismo. Hablemos claro, los crímenes de las “democracias occidentales”; es decir, de los imperialistas más fuertes, son y han sido mil veces más aborrecibles y sangrientos que los de sus títeres en Oriente Medio y otras partes.

En relación al tema que nos ocupa, no podemos esperar una alternativa por parte del régimen español, de su monarquía, de sus grandes empresas y de sus partidos, que parta de su iniciativa y buena voluntad. Todos ellos participan, de un modo u otro, en el sucio negocio de la venta de armas a regímenes como el saudí, y se lucran con el mismo.

Manifestación de los trabajadores de Astilleros Y frente a todo esto ¿qué alternativa ofrecen a los trabajadores las direcciones sindicales y los comités de empresa? En un pasado lejano, los dirigentes obreros eran los representantes más abnegados, capacitados y concienciados en la lucha de clases, levantaban una alternativa de sociedad, el socialismo, y orientaban las luchas de los trabajadores en la búsqueda de un mundo mejor, que incluía el antimilitarismo. Estos dirigentes, de haberlos hoy, estarían concienciando y movilizando a los trabajadores por fuentes de trabajo tendentes a construir y desarrollar la sociedad, y no para destruir y llevar el horror a los trabajadores y los pobres de otros países, apelando al resto de la sociedad a que se les unan y apoyen.

Ya en julio de 1977, los trabajadores del mismo astillero (entonces llamado Bazán) se opusieron a la reparación en su dique del buque de la armada chilena "Esmeralda", como acto de solidaridad internacionalista con los trabajadores chilenos que sufrían la dictadura de Pinochet. En aquel momento, la organización política y sindical, dentro y fuera del astillero, estaba en su punto álgido, y la carga de trabajo no escaseaba. Es cierto que, desde entonces los astilleros han sufrido sucesivas reconversiones en las décadas de los 80 y 90, y un calvario de despidos y de reducción de la carga de trabajo, haciendo que se instale la idea –sobre la que se ha apoyado la empresa– de que hay que aceptar cualquier encargo con tal de mantener vivo el astillero. Lamentablemente, las actuales direcciones sindicales aceptan los argumentos de la empresa y se han corresponsabilizado con su creciente sesgo militarista exportador.

En las mismas líneas se ha expresado el alcalde de Cádiz, Kichi, que tanta polvareda han levantado en el entorno de Unidos Podemos, en las que lamenta el "dilema imposible" de tener que elegir "entre fabricar armas o comer" y en las que señala que “la paz mundial no puede recaer sobre Cádiz ni nosotros decidimos sobre las guerras”. Por supuesto, como marxistas, no compartimos las posiciones de aquéllos que hablan de pacifismo en abstracto desde una atalaya moral sin importarles lo más mínimo la suerte de trabajadores como los de Navantia o los de Santa Bárbara. Pero el compañero Kichi tiene el deber de ir más allá, explicando cuáles son las verdaderas causas de esta situación y cuáles deben ser las alternativas que garanticen el empleo en la Bahía.

Lo que podamos conseguir lo haremos a través de la concienciación, la lucha, y la movilización. Hay que decir que sí hay alternativa para el trabajo de los astilleros españoles. Hay enormes necesidades e infraestructuras civiles por cubrir en la sociedad y posibilidades tecnológicas para adaptar el trabajo en los astilleros a las mismas. Los sindicatos, los propios trabajadores de Navantia, Unidos Podemos, los movimientos sociales y vecinales, tienen la capacidad suficiente para identificar estas necesidades sociales, navales, industriales y de infraestructuras al margen de la industria armamentística orientada a la exportación. Y debe exigirse al Estado, en un proceso de transición hacia un nuevo modelo productivo en los astilleros públicos, que complete o garantice el 100% del salario de los trabajadores, mientras dota a Navantia de la carga de trabajo suficiente.

Los trabajadores de Navantia, los sindicatos, las organizaciones sociales y vecinales de las zonas afectadas, y Unidos Podemos deberían emplazarse para organizar una potente movilización social en todo el Estado por un verdadero plan industrial, sostenido en el tiempo, que asegure el futuro de los astilleros públicos y de sus comarcas.