Análisis Político
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

La polémica desatada por el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el organismo rector del sistema judicial– que a su vez deberá nombrar a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo (TS) cuyo mandato también caduca en pocas semanas, ha puesto de manifiesto la falacia de la “independencia” del poder judicial, añadiendo un nuevo elemento de desprestigio a este estamento.

Esto viene después del polémico fallo sobre el impuesto a las hipotecas que favorece a los bancos, y que generó un enorme malestar popular, y los reveses sufridos por el TS ante la justicia europea que ha rechazado el delito de rebelión imputado a los líderes independentistas catalanes del “Procés”, actualmente exiliados en Bélgica, así como su extradición a España.

Esta última polémica estalló cuando fue filtrado el acuerdo entre el PSOE y el PP de que, a cambio que hubiera una mayoría de integrantes progresistas en el nuevo CGPJ y en el próximo TS, reflejando la nueva correlación de fuerzas parlamentaria, el presidente de ambos organismos fuera el juez Manuel Marchena, un juez derechista afín al PP que estará al frente del juicio del “procés” que juzgará a los políticos independentistas catalanes el próximo mes de enero.

Formalmente, son los integrantes del CGPJ quienes eligen a su presidente y al del TS. Y lo que ha desatado el escándalo es que se filtrara el dato de que PSOE y PP ya habían acordado que esos cargos lo ocupara Marchena, antes incluso de haberse elegido a los nuevos integrantes del CGPJ y de que éstos se reunieran para hacer la votación formal. Además, se conoció también que Marchena seguiría al mando de la Sala Segunda de lo Penal del TS, que es la encargada de juzgar a los políticos aforados y, por tanto, que mantendrá el cargo de juez en el caso del “Procés”.

Inmediatamente surgió un griterío hipócrita de indignación por este hecho en los medios de comunicación, asociaciones de jueces y fiscales, en Ciudadanos, y en otros, como si esto fuera una novedad, como si hasta ahora no se hubiera pactado y cocinado puertas adentros el cargo de presidente del CGPJ a lo largo de 40 años.

Lo que ha molestado al estamento judicial es que haya quedado expuesto este mecanismo de elección abiertamente al público, menoscabando su autoridad.

Unidos Podemos ha denunciado, correctamente, el sistema de elección de los altos tribunales y ha propuesto que los miembros del CGPJ sean elegidos por sufragio popular y no por los partidos. Lógicamente, mientras se mantenga el actual sistema es natural que UP trate de meter sus propios candidatos en el CGPJ, donde se refleje su nivel de  apoyo popular en el parlamento. Sin embargo, en ésta, como en otras cuestiones, UP ha sido traicionado pos los representantes del PSOE que, miembros leales del régimen, pactaron todo con el PP y dejaron fuera de los candidatos al CGPJ a proponer en el parlamento a la jueza progresista y exdiputada de Podemos, Victoria  Rossell.

La postura de Ciudadanos es completamente demagógica y reaccionaria, como al final analizaremos, planteando que sean las propias asociaciones judiciales y de fiscales, donde predominan la derecha y la extrema derecha, quienes elijan a los miembros del CGPJ; para convertirlo en un órgano que escapa a todo control, con un dominio férreo del aparato judicial que sometería a todas las instituciones del régimen y los derechos democráticos de la población a su dictadura con la interpretación arbitraria de la ley, de acuerdo a sus propios intereses de casta y de clase, como hemos visto en el caso de Catalunya alrededor del juicio sobre el referéndum independentista del 1-O.

Para añadir más condimento a la salsa, ayer se filtró un mensaje de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, exDirector General de la Policía con Rajoy, en el que se felicitaba porque con este acuerdo y el mantenimiento de Marchena al frente de la Sala de lo Penal del TS, el PP seguiría controlando “la Sala Segunda desde detrás”. En suma, ha dejado claro como si no se supiera que Marchena es “de los suyos”.

Esto ha dejado a Marchena en una situación imposible, obligándolo a renunciar a presidir los futuros CGPJ y TS.

Marchena es un juez ultrarreaccionario que ha escalado en la carrera judicial de la mano del PP. Se lo señala como el diseñador de la política judicial seguida contra los dirigentes independentistas catalanes y el arquitecto del próximo juicio del “Procés”, que presidirá. Marchena participó en la causa contra el exjuez Baltasar Garzón que condujo a su expulsión de la carrera judicial por tratar de investigar los crímenes del franquismo e impulsar la investigación de la Trama Gürtel.

Marchena ha impartido conferencias, cursos y seminarios sobre temas judiciales patrocinados por al menos 25 empresas y bancos, incluido el Instituto de Prácticas Jurídicas Schola Iuris que pertenece al excomisario Villarejo, actualmente en prisión y principal exponente de las “cloacas” del Estado, lo que muestra la íntima conexión de la alta judicatura con la clase dominante y con los elementos más oscuros del aparato del Estado. Aparte de eso, desde su puesto en el TS ha paralizado o archivado numerosas causas que afectan a la corrupción del PP.  Y si este personaje es definido por todas las asociaciones de jueces, hasta por la “progresista” Jueces para la Democracia, como uno de los juristas españoles “de más prestigio” podemos imaginar el prestigio real de los jueces menos cualificados.

Correctamente, desde ERC se está reclamando la recusación de Marchena como presidente de la sala que juzgará la causa del “Procés”.

Todo este barullo destila una profunda hipocresía, alrededor de la “independencia” del poder judicial y particularmente de los llamados Altos Tribunales: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional. En las causas fundamentales, que afectan al prestigio del régimen, del aparato del Estado o que amenazan la estabilidad social, indefectiblemente siguen los dictados de la clase dominante. La causa del “procés” ha visto la violación más descarada de la propia legalidad burguesa para asegurar el juzgamiento de los dirigentes independentistas, impedir al Parlament elegir libremente al President de la Generalitat y mantener a los presos políticos más de un año en prisión provisional sin base jurídica alguna.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, todos los partidos (a derecha e izquierda), los medios de comunicación, etc. dicen lamentar esta situación, añadida al desprestigio acumulado por el aparato judicial, porque degrada la autoridad del poder judicial ante la población. Nosotros, como marxistas, celebramos y damos la bienvenida a esta degradación, porque expone a las claras sus mecanismos ocultos y su carácter de clase. Facilita la agitación y la propaganda a favor de desconfiar completamente del llamado Poder Judicial como parte de la desconfianza general hacia todo el régimen y la necesidad de derribarlo, para erigir uno nuevo, socialista, que responda a los intereses de la clase trabajadora y de las capas oprimidas de la sociedad.

¿Puede haber una Justicia “independiente”?

Vista toda esta podredumbre y corrupción que engulle al aparato del Estado, ¿cabe hablar de la posibilidad de una justicia “independiente”? Suele representarse a los jueces y fiscales como gente que está por encima del bien y del mal, como seres dotados de un don superior para impartir justicia basándose en criterios de una objetividad inapelable. Esto no es así. Si la “justicia” fuera una cosa objetiva, inapelable, sin espacio alguno para ser sometida a interpretaciones personales, los jueces serían superfluos. Bastaría entonces con disponer de una supercomputadora que contuviera toda la legislación y el código penal, a la que simplemente se aportara los datos particulares demostrados de cada caso judicial, y darle a un botón para que nos diera automáticamente el resultado sobre la culpabilidad del acusado, y la pena que debiera corresponderle.

Es verdad que el aparato judicial tiene un cierto automatismo y muchos jueces y fiscales, honestamente, se consideran comprometidos con lo que ellos suponen que es la justicia. Las denuncias se presentan en los juzgados o la policía, y los jueces y fiscales están obligados a tramitarlas (o desecharlas), siguiendo el curso establecido en una serie de normas. Es en este sentido, que el aparato judicial puede adquirir cierta “independencia” en su actuación.

Pero los jueces y fiscales son personas comunes que viven en un determinado medio, proceden de clases sociales concretas, tienen relaciones sociales y familiares específicas, e interpretan la ley (más allá de que ésta sea reaccionaria o progresista) atendiendo a sus propios prejuicios personales y políticos, y a sus visiones de la realidad, bien para encontrar atenuantes en la comisión de un supuesto delito o, al contrario, para encontrar agravantes. Los jueces y fiscales también tienen aspiraciones personales; cargos, sueldos, destinos, tribunales, prestigio; cuya consecución también están determinadas por sus propias relaciones sociales, y en una gran cantidad de veces, por sus relaciones con el poder político y la llamada “opinión pública”; esto es, los medios de comunicación.

La realidad muestra que la inmensa mayoría de los jueces procede de las clases altas, de la burguesía y de la pequeña burguesía adinerada. Hay un filtro de clase innegable en la carrera judicial. Esta gente incorpora a su labor sus prejuicios y su visión de clase, se relacionan familiar y socialmente con la gente de su clase, concurren a los mismos clubes, restaurantes, lugares de ocio, etc.

Es cierto que hay excepciones a esta regla. A veces, los pocos jueces y fiscales procedentes de las capas bajas de la clase media y, más excepcionalmente aún, de la clase trabajadora, o los que han asimilado en su juventud ideas progresistas y democráticas avanzadas, pueden llegar a instancias elevadas de la carrera judicial. Pero no es la norma. Sucede también que jueces conservadores, por miedo a la presión social para no quedar desacreditados ante la opinión pública en casos claros y sangrantes de delitos cometidos por los ricos o políticos burgueses, están obligados a conducirse con cierto criterio de independencia de su clase y de sus presiones.

Una de las funciones del aparato judicial es amortiguar las tensiones y los choques sociales, y velar por el “interés general” burgués, para evitar, en palabras de Engels, “que la sociedad se devore a sí misma”. Por eso, el aparato judicial juega el papel, de manera regular, de amputar y reprimir determinadas prácticas “corruptas” que implican a burgueses individuales o grupos empresariales determinados y a sus alcahuetes políticos, que puedan poner en peligro la estabilidad del sistema en general.

Pero todo lo anterior, simplemente subraya el carácter de clase del sistema judicial, y que la defensa del interés de los ricos y privilegiados en el aparato judicial sólo puede ser contrarrestada por la movilización y la presión social de la clase trabajadora y de los sectores progresistas de la sociedad.

Es por esta razón, que las familias trabajadoras y lo sectores progresistas de la sociedad no podemos dar ningún tipo de aval ni confianza al sistema judicial, sino que debemos basarnos en nuestra propia agitación, propaganda y movilización para contrarrestar los intereses y presiones de las clases sociales enemigas dentro y alrededor del aparato judicial.

Una muestra reciente del carácter arbitrario de las decisiones de los altos tribunales siguiendo el interés de la clase dominante, del aparato del Estado y su tufillo neofranquista, ha sido la decisión de la Audiencia Nacional de no catalogar como “terrorismo” el plan del asesinato de Pedro Sánchez por un fascista catalán que disponía de 16 armas de diverso tipo y que había declarado por Whatsapp su decisión de cometer dicho atentado; en cambio, las letras de las canciones del rapero Valtonyc fueron catalogadas como “incitación al terrorismo” por las cuales fue condenado a 3 años de prisión, si bien Valtonyc huyó al exilio en Bélgica para escapar de la cárcel.

El carácter de clase de la justicia

Por todo lo anterior, debemos oponernos al actual sistema judicial, por antidemocrático y clasista, y por tener mil y un vínculos con los grandes empresarios y los políticos del sistema. Es imposible “democratizar” la justicia sin eliminar el poder económico y político de la burguesía en la sociedad, mientras los cargos de juez y fiscal estén monopolizados por miembros de las clases privilegiadas, mientras el núcleo de la legislación sea la protección de la propiedad privada de los medios de producción y la explotación social.

Ante el descrédito del sistema judicial, sectores de la derecha, como Ciudadanos, reclaman medidas corporativistas y demagógicas, diciendo que el problema es el control que ejercen los partidos políticos sobre los órganos judiciales superiores, como la elección por el parlamento de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, o del Consejo General del Poder Judicial. Proponen que sean los mismos jueces y fiscales, a través de sus organizaciones corporativas, quienes elijan los integrantes de estos organismos. Nosotros estamos radicalmente en contra de esto. Lo que esto conseguiría es que la casta judicial fuera aún más “independiente”, sí; pero del pueblo. Antes al contrario, sin control alguno desde abajo, la casta judicial extremaría así su dependencia ideológica y moral de la clase dominante. El sistema actual es malo, pero al menos, indirectamente, es un reflejo distorsionado del balance político de fuerzas del parlamento que, a su vez, es un reflejo distorsionado de la voluntad popular.

No obstante, no podemos quedarnos en una posición meramente negativa, hasta en tanto en cuanto, una verdadera revolución social y política desmantele el sistema capitalista opresor y sus instituciones estatales, para sustituirlas por otras verdaderamente democráticas. Necesitamos plantear medidas y propuestas de transición que debiliten los aspectos más reaccionarios del aparato del Estado y faciliten las condiciones para la futura emancipación social de la clase trabajadora. Unidos Podemos debe abrir este debate en la sociedad y dotarse de las propuestas más avanzadas y progresistas sobre este tema que ayuden a combatir la mistificación del Estado como un órgano situado por encima de la sociedad, más allá del bien y del mal.

Un programa de transición de medidas democráticas y progresistas

Una de estas propuestas debe ser la elección por sufragio universal de los jueces y fiscales, desde las instancias territoriales más pequeñas hasta los jueces del Tribunal Supremo y Constitucional. Además, deberían ser revocables en cualquier momento por quienes los eligieron. Esta medida permitiría a la clase trabajadora y sectores progresistas de la sociedad favorecer la elección de jueces y fiscales más progresistas y sensibles a los intereses de los trabajadores y de las capas más oprimidas de la sociedad, y proponer la revocación de los más reaccionarios y derechistas.

Esto debe completarse con ¡ningún privilegio! para jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, deben tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier funcionario medio, con salarios ajustados al nivel correspondiente.

Así mismo habría que generalizar el sistema del Jurado, como una manera de equilibrar el carácter estamental y de clase de los jueces con la participación, aunque sea limitada, de la gente común para decidir sobre la culpabilidad o no de un supuesto delito.

Hay que introducir igualmente medidas democratizadoras que limpien en la medida de lo posible el aparato del estado. La principal debe ser la depuración del aparato del Estado de fascistas y reaccionarios, comenzando por aquellos jueces, fiscales, mandos de la policía y de la Guardia Civil que ocuparon puestos en la dictadura. Debería crearse un comité formado por las organizaciones de izquierda, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones progresistas y democráticas de jueces, fiscales, militares, soldados, policías y guardias civiles de base, entre otras, que identifiquen a esos elementos fascistas y reaccionarios para que sean apartados del aparato del estado. Este mismo comité debería encargarse del control de las academias de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército y de los idearios con que se forma a sus integrantes. En este sentido, hay que dar plena libertad a los soldados y guardias civiles para que organicen sindicatos, y terminar con el carácter militar de la Guardia Civil para, en determinada etapa, fusionarla con la policía en un único cuerpo.

La sociedad socialista y el aparato judicial

Somos conscientes del carácter limitado y condicional de estas medidas, expuestas a la correlación de fuerzas entre las clases, pero serían un paso adelante. En última instancia, sólo en una nueva sociedad nacida de la propiedad colectiva de los medios de producción claves (la banca, las grandes empresas y los latifundios), bajo el control democrático de los trabajadores, podríamos darnos el equivalente a un nuevo aparato judicial verdaderamente democrático, sin conexión alguna con clases opresoras, en el que participen, no estamentos privilegiados y separados del pueblo como la casta de jueces y fiscales actual, sino el conjunto de la población adulta, por medio de comités elegibles y revocables, que velen por el interés común.

En una sociedad liberada de las lacras del capitalismo, del afán de lucro, donde la explotación y la corrupción serían un mal recuerdo del pasado –una sociedad socialista– la inmensa mayoría de los delitos actuales tenderían a desaparecer y a extinguirse rápidamente, poniendo las bases para que la propia existencia de organismos represores y del Estado mismo sean innecesarios en la sociedad, y la población se habitúe, por la costumbre, a normas de convivencia sociales solidarias y fraternales que hagan innecesario ningún tipo de violencia, coerción ni represión.