Análisis Político
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La putrefacción del capitalismo español y de su aparato de Estado cada vez huele peor. Un elemento que está ventilando este hedor es el excomisario Villarejo. Es éste un asunto que se plantea difícil de gestionar, con muchas espinas punzantes que están generando serios dolores de cabeza a la clase dominante. La burguesía española y sus lacayos están preocupados.

Los últimos audios publicados en Moncloa.com, del arsenal que acumuló Villarejo durante años de “trabajos”, han hecho caer a Cospedal. En estos audios se revela que Cospedal utilizó los servicios de Villarejo en varios temas, como el espionaje a rivales políticos dentro del PP, como Javier Arenas, y al entorno del extesorero del partido, Luis Bárcenas, para que le sustrajeran material comprometedor de la corrupción del PP. Lo más relevante es que esto último se pagó con fondos reservados del Estado y se le destinaron hasta 18 policías. Sin embargo, lo más escandaloso es el hecho de que Cospedal tardara 10 días en dejar la política: su primera reacción fue encogerse de hombros como si no fuera para tanto, después se defendió ante nuevas revelaciones mientras dejaba su puesto en la dirección del PP para finalmente dejar su escaño como diputada. Está claro que para Cospedal y la “nueva dirección” del PP este nuevo episodio no era para tanto; al fin y al cabo, ¿quién no ha tenido o mantiene vínculos con las cloacas del Estado?

 

Todo huele muy mal

Por su desarrollo histórico, el aparato de Estado de la clase dominante española se caracteriza por el clientelismo, el nepotismo y la corrupción. Estas características están tan arraigadas en los cimientos del régimen que pueden afectar a cualquiera que se acerque demasiado a su polo de atracción. En los últimos años hemos tenido el placer de conocer una infinita lista de casos de corrupción, extorsión, blanqueo, prevaricación, evasión, etc. protagonizadas por todo tipo de personajes: la monarquía, políticos, empresarios, jueces, fiscales, policías, dirigentes sindicales, etc.

Hace un par de meses conocíamos el caso de la ministra de justicia, Delgado, y sus conversaciones con Villarejo. Inicialmente la ministra negó categóricamente que hubiese tenido contacto alguno con Villarejo, para finalmente aceptar que sí los había tenido. La ministra no dimitió. Unos días más tarde la fiscalía de la Audiencia Nacional negó que Delgado interviniera en el procedimiento de extradición de un empresario español reclamado por Guatemala que se investiga en el caso “Tándem”, en relación con unas anotaciones halladas al excomisario José Villarejo.

Durante el verano pasado también se hicieron públicos unos audios de Corinna Sayn-Wittgenstein, una empresaria alemana ex-amante del monarca Juan Carlos, que comprometían al antiguo rey en una de sus aventuras, en este caso ocultar patrimonio y crear una estructura de blanqueo en el extranjero. El caso fue archivado por el juez instructor Egea, quien está a cargo del caso “Tándem”.

El material del que dispone Villarejo que ha visto la luz pública, y el que todavía tiene custodiado, es incendiario. Como bien dice él mismo, ideológicamente se identifica con el PP pero a la hora de trabajar sólo importa el cheque final, ya esté firmado por políticos del PSOE, del PP, empresarios, jueces, fiscales, etc. Es decir, dispone de información que puede comprometer a mucha gente “importante”.

Sin embargo, el caso “Tándem” es sólo una gota en el mar de corrupción y demás actos “ilegales” que salpica a la clase dominante y a sus marionetas políticas. Es más, confirma nuevamente que la línea que separa las cloacas del Estado de las altas esferas es más bien difusa, casi inexistente. Sólo hace falta recordar que desde el ministerio del interior, bajo la dirección del exministro Fernández Díaz, se recurrió a las cloacas para perseguir a opositores políticos. Fernández Díaz es un perfecto representante de la tradición represiva y autoritaria de la derecha y del aparato del Estado; un aparato heredado del franquismo y que no fue depurado debido al pacto de la Transición.

 

Las cloacas del Estado y el capitalismo están conectados

El sistema capitalista, basado en la explotación y la insaciable sed de generar siempre más beneficios, tiene en su seno la semilla de la corrupción, que se desarrolla y extiende particularmente en cada país de una forma más o menos profunda, más o menos encubierta. Según el ranking de Transparencia Internacional (ranking de corrupción), España se encuentra a la cola de Europa, confirmación empírica (aunque sea más o menos fiable) de que la corrupción forma parte integral de la forma de ser de la clase dominante española.

Para mantener todo este engranaje rancio es necesario el desarrollo y la extensión de las actividades de las cloacas del Estado para realizar el trabajo sucio de espiar, extorsionar, chantajear, encubrir y destruir pruebas, eliminar amenazas, etc. Son dos caras de la misma moneda que no sólo están conectadas por la simbiosis que retroalimenta una a la otra sino que también están enlazadas por miles de hilos, sobre todo económicos, pero también familiares, ideológicos, etc.

Desde la crisis del 2008 hemos sido testigos de una infinidad de casos de corrupción, ya sean a pequeña o gran escala. La podredumbre de todo el entramado no se podía contener ya más, especialmente en un contexto de crisis donde las masas empiezan a cuestionarse el sistema. La presión desde abajo, combinada con la crisis y la extensión masiva de la corrupción, ha hecho que muchos tiren de la manta para exponer a sus antiguos socios, que la fiscalía trabaje con más brío, que los partidos políticos que anteriormente se cubrían entre sí se atacasen y que cuentas pendientes se saldasen. Sin embargo, la mayoría de los casos más relevantes continúan siendo investigados con una y mil excusas para continuar posponiendo el juicio final y, lo más importante, una grandísima minoría ha sido sentenciada, y quienes han sido han sido condenados lo fueron con sentencias a menudo reducidas.

 

Caso Villarejo: no es una manzana podrida, es el sistema

Para limpiar los establos de toda esta porquería no se puede confiar en la “independencia” de la justicia; sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. En el caso concreto que concierne a Villarejo, el juez instructor Egea, el mismo que archivó el caso contra el rey, ha ejecutado decisiones que han sorprendido, molestado y dificultado la labor de la misma fiscalía y los cuerpos policiales de investigación, como levantar el secreto de sumario o dejar en libertad al comisario Salamanca, compinche de Villarejo.

Hay muchos más ejemplos que muestran las dificultades con las que chocan los elementos más honestos (y también cínicos) que luchan contra la corrupción y todo el bagaje que arrastra tras de sí, ya sea contra políticos, empresarios, etc. Es bastante notorio el ejemplo de la juez Pilar de Lara quien sacó a la luz el caso Pokémon. Con sus investigaciones ha sepultado muchas carreras políticas de todos los colores y como consecuencia tiene a todo el establishment en su contra, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, quien la está investigando por supuestos retrasos en las causas. Resume muy bien la situación el magistradoCándido Conde Pumpido Varela, quien le dijo a Lara, entre otras cosas “la fiscalía empieza a pedir cosas raras, la audiencia revoca y adopta resoluciones poco entendibles, se empiezan a recibir visitas de la inspección y de la noche a la mañana te encuentras sumido en un infierno mediático y judicial”. Su consejo final a Lara era “"intente apartarse y vaya con pies de plomo”.

Para luchar de manera más efectiva contra la corrupción y las cloacas del Estado, la clase trabajadora, en primera instancia, debe exigir la elección por sufragio universal de los jueces y fiscales, que deberían cobrar un sueldo igual al de un trabajador cualificado y que deberían ser revocables en cualquier momento por quienes los eligieron. Igualmente hay que introducir medidas democratizadoras que depuren en la medida de lo posible el aparato del Estado- principalmente de fascistas y reaccionarios, comenzando por aquellos jueces, fiscales, mandos de la policía y de la Guardia Civil que ocuparon puestos en la dictadura.

Sin embargo, estas demandas concretas chocan frontalmente contra el carácter de clase de las instituciones burguesas y los intereses de los grandes capitales y bancos. Consecuentemente, la lucha por una justicia que represente los intereses de las masas y la depuración de los elementos más reaccionarios del aparato de Estado debe ir conectada a la lucha por el control de los medios de producción, la base misma del poder y la explotación de los capitalistas. Bajo una sociedad donde el afán de lucro sea sustituida por la producción planificada y colectiva para satisfacer las necesidades, donde la clase trabajadora y las masas oprimidas disponen de tiempo para el ocio y la participación política, se darían las condiciones para un nuevo aparato judicial verdaderamente democrático en el que pueda participar el conjunto de la población, por medio de comités elegibles y revocables. Sólo con la lucha por el socialismo se puede barrer la putrefacción que nos rodea y eliminar, de una vez por todas, la corrupción.