Análisis Político
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La pandemia está sumergiendo al mundo a una recesión económica sin precedentes históricos. Todos los pronósticos indican un desplome abrupto del PIB mundial, con los países más avanzados sufriendo caídas escalofriantes. Dentro de la UE, se prevé que España será uno de los países más afectados económicamente por la pandemia.

Una derecha rancia y demagógica

Antes de entrar a analizar las actuaciones del Gobierno y el futuro que le depara, es fundamental dejar claro el carácter sumamente reaccionario de la derecha ante la crisis. Sus posiciones generales han sido totalmente demagógicas, criticando al principio al Gobierno por no tomar medidas drásticas para después pasar a denunciarlo por haber tomado medidas drásticas, como por ejemplo con el cierre parcial de la producción no esencial.

La hipocresía del PP es realmente repulsiva. Fueron ellos quienes impulsaron los recortes salvajes y la privatización en la sanidad y los que flexibilizaron el mercado laboral con la contrarreforma laboral. Sin embargo, ahora se llenan la boca culpando al Gobierno por las muertes causadas por el virus, buscando rédito político demagógicamente. Evidentemente, no dicen nada sobre Madrid, la Comunidad más afectada por el virus, gobernada por el PP ahora y desde hace años. Por lo que concierne a Vox, están demostrando representar todo lo más reaccionario y atrasado en la sociedad española. Su crítica ahora se centra en que el Estado de Alarma vulnera los derechos fundamentales, por encima de todo ¡el de la libertad religiosa! Sus intervenciones políticas son tan arrogantes que hasta han denunciado al propio Gobierno de dar un golpe de estado…

Con toda su crudeza, vemos cómo la derecha rancia defiende los intereses de los empresarios, criticando las políticas sociales de medias tintas del Gobierno para paliar los efectos en las familias obreras, calificándolas como medidas "bolivarianas", "comunistas", etc. Esta gente defiende enloquecidamente el orden y la ley, es decir, la explotación de una pequeña minoría y sus privilegios sobre la mayoría.

El Gobierno y su defensa de los empresarios

Como explicamos cuando se formó la coalición de Gobierno, éste se iba a enfrentar tarde o temprano a una crisis económica. Evidentemente nadie podía predecir que esta crisis iba a estallar tan explosivamente debido a una pandemia, pero todos los ingredientes para un colapso económico mundial estaban presentes; la pandemia ha sido tan solo el accidente que expresa una necesidad.

Ciertamente, la respuesta de este Gobierno ha buscado mitigar los efectos de la crisis en las familias obreras, pero como también dijimos anteriormente, ante una nueva crisis económica el Gobierno se vería forzado a defender o bien los intereses de la clase dominante en contra de los intereses de los trabajadores, o  los intereses de los trabajadores en contra de los empresarios, por la propia naturaleza de la sociedad capitalista dividida en clases antagónicas, y ante una crisis económica. Después de dos meses desde que se declaró el Estado de Alarma, el Gobierno ha demostrado a la práctica que, por encima de todo, defiende los intereses de los empresarios.

El paquete de ayudas económicas que lanzó el Gobierno va principalmente destinado a salvar a las empresas mediante los avales públicos, con 100.000 millones de los de los 117.000 millones establecidos. Podemos estar seguros de que una parte sustancial de esta cantidad va a ir destinada a las grandes empresas, porque “son las que generan más empleo y riqueza”. Inversiones en sanidad, educación, I+D, etc, en estos momentos paradójicamente no serán la prioridad.

Otra medida importante que ha tomado el Gobierno, con el apoyo entusiasta de los grandes sindicatos y de la patronal, han sido los ERTEs. Muchos trabajadores han reaccionado de manera positiva a esta medida, ya que sin poder trabajar el Estado les asegura el 70% de su sueldo. Sin embargo, hemos de ser honestos. Esta medida nuevamente favorece enormemente a las empresas, sobre todo a las del IBEX35 y las demás multinacionales. Después de unos años maravillosos para sus bolsillos con beneficios récords, ¡ahora parece ser que no son incapaces de hacer frente al pago del sueldo de sus trabajadores! El dinero que va a destinar el Gobierno para pagar a los trabajadores en ERTE es dinero público, pagado con los impuestos de la mayoría de la sociedad, los trabajadores. En otras palabras, el Gobierno defiende la privatización de los beneficios y la socialización de las perdidas.

Por pasiva, la reticencia del Gobierno a nacionalizar empresas privadas del sector sanitario también nos muestra su defensa de la propiedad privada y el capitalismo. El estado de alarma incluye en uno de sus puntos que el Gobierno tiene toda la autoridad para intervenir empresas y sectores para ponerlos al servicio de sus políticas, pero hace tan sólo unos días la Ministra de Asuntos Exteriores, Laya, aseguraba que el Gobierno “no tiene intención de nacionalizar empresas”. Este Gobierno sólo nacionalizará empresas si se ve absolutamente obligado, para evitar su bancarrota: otra forma de lo que ya vimos después de la crisis del 2008, donde el Estado se hizo cargo de toda la deuda mala, liberando así a los bancos que la habían creado.

Unidas Podemos en el Gobierno

Los dirigentes de Unidas Podemos (UP) en el Gobierno están peleando para que la respuesta a la crisis sea equilibrada entre la defensa de los intereses de los empresarios y la defensa de los trabajadores. Es por esto por lo que han apostado enérgicamente por los ERTEs y que prohibieron los despidos procedentes a causa del COVID-19. Sin embargo, estas medidas nos muestran dos aspectos importantes: por un lado, al ser minoría en el Gobierno, UP debe acachar las decisiones de la mayoría, las cuales defienden abiertamente el capitalismo español; por otro lado, que arrancarles concesiones a los grandes empresarios en medio de un colapso económico por vías parlamentarias es prácticamente imposible. Como ya hemos visto, los ERTEs en última instancia benefician a los empresarios, y han prohibido los despidos procedentes pero no los improcedentes.

Para proteger su flanco izquierdo, Pedro Sánchez ha sido astuto, dándole un vuelco de 180 grados a su táctica inicial de rechazo a la participación de UP en la gestión de la crisis, apostando ahora por integrarlos cada vez más en el corazón de las operaciones. Así pues, Iglesias fue finalmente incluido en la comisión diaria que dirige la toma de decisiones para hacer frente a la crisis, mientras que de manera más general ha ido ganando peso en el Gobierno. Además, la integración cada vez más sólida de UP en la gestión del capitalismo español ha visto a Iglesias apoyar la idea de unos nuevos Pactos de la Moncloa, una demanda principalmente de la burguesía española.

Está es una política peligrosa para UP, ya que se está comprometiendo irreversiblemente con la política del Gobierno y la defensa del sistema. Sin embargo, este proceso es la consecuencia lógica de la estrategia de formar parte del Gobierno a toda costa.

Lo que se viene encima

Ante la situación que se abre, el Gobierno PSOE-UP va a estar sometido a enormes presiones, por todos los lados. El colapso de la economía va a provocar la bancarrota de miles de empresas y una enorme pérdida de beneficios. Los empresarios exigirán al Gobierno que defienda sus intereses a toda costa, facilitando crédito barato o gratis y atacando a los trabajadores. Además, el enorme incremento de la deuda, que se pronostica que será de un 15%, con una economía en caída libre, forzará al Gobierno en el corto plazo a controlar su déficit mediante agresivos recortes, o mediante el incremento de impuestos a los ricos.

La precaria situación con la que ya partía este Gobierno, sin mayoría absoluta y en coalición, y con un parlamento caldeado con una derecha radicalizada, hará muy difícil que aguante la legislatura. Las criticas ya no sólo proceden del PP y Vox, sino que cada vez más se suman las protestas de los partidos que apoyaron la investidura, ERC y PNV.

Independientemente de lo que pase con el Gobierno, el nuevo período que se abre para la clase trabajadora y la juventud es de grandes dificultades, con un aumento del paro masivo, inflación, precariedad, competencia hacia la baja entre trabajadores por conseguir trabajo, etc. Los empresarios defenderán sin titubeos sus intereses de clase, lo que significa que la clase trabajadora y la juventud debe organizarse y luchar contra los ataques que se avecinan. En este sentido, los sindicatos deben jugar un papel destacado en la defensa de los intereses de los trabajadores, contribuyendo a su organización y agitando la consigna de la huelga cuando se den las condiciones adecuadas. Sólo la clase obrera, arrastrando consigo las demás capas oprimidas de la sociedad, será capaz de evitar el derrumbe de la sociedad en la barbarie, y, por el contrario, luchar para la emancipación de todos los oprimidos.

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