Movimiento Obrero
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ha sido realmente impresionante ver cómo, a pesar de dificultades como en algunos casos la lluvia o la nieve, los pensionistas han llenado las calles. El movimiento masivo ha tenido lugar en todas las grandes y medianas ciudades del Estado y ha tenido su epicentro en Bilbao donde convocatoria tras convocatoria decenas de miles de manifestantes han expresado de forma unitaria su profundo malestar con el gobierno del Partido Popular, con su decisión de revalorizar las pensiones un  misérrimo 0,25%. Decisión, que contrasta con crecimientos del PIB del 3% los últimos tres años, con las concesiones millonarias a las grandes empresas quebradas, como las autopistas, o al depósito de gas fallido de Baleares, o con la subida del salario a la Policía y la Guardia Civil, o el aumento del presupuesto de Defensa, y la permanencia de una corrupción rampante…

Esa decisión ha sido vista como un auténtico insulto a los jubilados cuyas necesidades se ignoran. Sus pensiones devaluadas los arrojan a la marginación y la miseria y no se reconoce su papel como colchón en lo más duro de la crisis en la que han sostenido como un gran racimo de solidaridad, a hijos y nietos desempleados con sus exiguas pensiones.

Vuelven a la lucha los activistas obreros de los setenta

La marea pensionista ha conseguido movilizar a miles de obreros que conocieron de primera mano las peleas por unas condiciones laborales justas y por las libertades democráticas. Obreros que se enfrentaron a los estertores del franquismo y sufrieron su represión. Aquella generación ha comprendido que tiene un motivo por el qué luchar. El diario Público citaba a Jon Fano de Pentsionistak Martxan que participó en las movilizaciones de los 70 y 80. “La cultura de movilización obrera que hubo en aquellos años impregnó a la mayoría de los trabajadores y en buena parte son los que hoy engrosan las movilizaciones de Bilbao”. Carlos Ruiz también afirma en el mismo periódico que: “con 17 años viví la huelga de Bandas, 163 días, la huelga más larga del franquismo, en 1966. Después viví todas las huelgas por los convenios y contra la desaparición de Altos Hornos”. Este es el perfil de muchos de los asistentes a las coordinadoras de asociaciones de pensionistas, trabajadores que lucharon en los 70 y que vuelven a hacerlo; y lo hacen como entonces, con coordinadoras, asambleas etc.

Sobre la generosidad del sistema público de pensiones

Uno de los ataques más virulentos contra el sistema público de pensiones es la supuesta generosidad del sistema, lo que se llama tasa de reposición, la relación con el último salario. La realidad es bien distinta. Como afirma Martín Seco, “el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales, -el 49% no supera los 700-. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las pensiones no contributivas están por debajo del umbral de pobreza”. Estos datos sirven para ver la falsedad de la “generosidad” y muestran la realidad, la mayoría de los jubilados de este país tiene pensiones de supervivencia.

Los efectos de las reformas de la pensiones

El profundo malestar de los jubilados por la degradación de sus pensiones tiene su origen en las dos reformas realizadas sobre el sistema al inicio de la crisis. La primera en 2011 por el Gobierno PSOE, avalada por UGT y CCOO; y la segunda en 2013 con el PP. Ambas contienen una carga de profundidad letal para el sistema público de pensiones y por lo tanto para la cuantía y suficiencia de las pensiones públicas futuras. Como afirma en su estudio I. Zubiri, catedrático en economía aplicada experto en la materia: “La reforma de las pensiones ha consistido en bajarlas hasta que se igualen a los ingresos disponibles. Se ha bajado la pensión inicial y el número de años durante los cuales se cobra, también se ha introducido una regla automática de ajuste que hará bajar las pensiones tanto como sea necesario para que haya equilibrio presupuestario. Con esta regla, en el medio y en el largo plazo, el valor real de las pensiones disminuirá desde el inicio de la pensión. Estas reformas, además de presuponer que los pensionistas carecen de derechos y hacerles cargar con todo el coste del envejecimiento, acabarán conduciendo a una sociedad envejecida y empobrecida. Tanto el Fondo de Reserva, como los demás recursos que se están utilizando para cubrir el déficit se están agotando. Salvo un crecimiento inesperado del número y calidad de los empleos, es previsible que en el corto plazo haya que dotar de nuevos recursos al sistema o realizar un recorte sustantivo de las pensiones”

Este análisis muestra de forma sintética el poder destructivo de las reformas, su desarrollo llevará a una reducción de las pensiones de alrededor del 8% en el 2020, al 35%-40% en el año 2050 según el informe.

¿Hay que financiar las pensiones solo con cotizaciones?

El Pacto de Toledo en los años 90  estableció la cobertura de las pensiones a través de las cotizaciones sociales. Esto, que en aquellos momentos debido al superávit de la Seguridad Social parecía favorable, se ha convertido en una autentica camisa de fuerza para el sistema en momentos de déficit como el actual. Sin embargo, el mantenimiento  de la población pasiva debe ser cubierto por el Estado, como el resto de necesidades sociales. Los salarios de miseria consecuencia directa de las reformas laborales, las bonificaciones a los empresarios en la contratación, los millones de trabajadores incapaces de cotizar por no encontrar empleo, son las causas  del déficit de la Seguridad Social. La actualización de las pensiones es una decisión política, se trata de una cuestión de prioridades, de cómo distribuir la riqueza producida. Y en este país la riqueza se la apropian unos pocos a los que la miseria creciente de los jubilados no les preocupa en absoluto, incluso los miran como objeto de negocio. Miren Etxezarreta habla de la necesidad de una reforma fiscal integral para resolverlo. “Si la riqueza española se distribuye en torno a un 46% al trabajo y un 54% al capital, ¿por qué el 75% de los impuestos se pagan por IRPF e IVA, es decir, lo pagan los consumidores y trabajadores, y no  llega al 25% lo que paga el capital?” Abundando en este tema, los datos de Oxfam en su informe sobre España demuestran que en 2016 el Impuesto de Sociedades aportó solamente a la recaudación total fiscal un 12%. Esto ha supuesto, según el mismo informe 10 puntos menos que en el año 2007, y es muy importante porque significa que a pesar de haber alcanzado el nivel de producción pre-crísis en 2017 la contribución del capital, que ya era baja en 2007, ha disminuido drásticamente. Estos datos nos indican que para resolver el problema de los pensionistas es imprescindible una mayor aportación del capital, y hay margen, según afirma Zubiri. En cuanto a ingresos públicos, sólo hay un país en la UE que ingresa menos que España, y es Irlanda. Sin embargo, hay 5 países que recaudan 15 puntos más que España. De recaudaciones fiscales bajas, que descargan además sobre las espaldas de los trabajadores y consumidores se derivan gastos sociales insuficientes, como dice Zubiri, España es uno de los países de la UE que menos gasto social realiza, lo sitúa 6 puntos por debajo del promedio.

La privatización de las pensiones

El gran pastel de 120.000 millones de euros anuales que supone el gasto en las pensiones es un bocado muy apetitoso para las grandes aseguradoras y el mundo financiero. La gestión privada de la jubilación se ha convertido en  objeto de deseo por el que trabajan sin descanso. Desde hace años, estudios interesados con vitola de científicos promovidos por los bancos y aseguradoras, auguran sin éxito el colapso de los sistemas públicos de pensiones. El propio Banco Mundial hizo ya en 1994 un informe llamado Pensiones del Futuro afirmando que las pensiones estaban en peligro, su propuesta era sustituir los sistemas públicos de reparto por los de capitalización para que la banca disponga de esos recursos que ahora son públicos. Experimento desastroso que  sufrieron en sus carnes los trabajadores chilenos. Es una pensión para los pobres de solemnidad y planes privados de pensiones.

Esta situación es muy favorable para este lobby privatizador para arreciar la campaña y meter miedo con la idea de que no habrá pensiones públicas o serán muy insuficientes. Se trata de convencer a aquellos que tengan algunos ahorros para que los inviertan en planes de pensiones privadas.

Pero estos planes son una ruina, son caros por las comisiones que cobran los bancos al gestionarlos y no hay mecanismos de solidaridad y seguridad. Como afirma Martín Seco, “los planes de pensiones son sólo una forma de ahorro y no de las mejores. Supeditar la solución de la contingencia de la vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien conocido que el 60% de los ciudadanos carece de capacidad de ahorro (no llega a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital para su jubilación”.

¿Qué hacer?

Dada la importancia del ataque de la derecha y del sistema financiero contra el sistema público de pensiones, esta cuestión que interesa a los actuales pensionistas y también a los futuros cuyas pensiones están seriamente comprometidas, debería incrementarse la potencia de la movilización y marchar decididamente hacia una huelga general, que no debería ser un fin en sí mismo, sino un proceso continuado en el tiempo de los trabajadores de las fábricas, las mujeres que han mostrado su combatividad el 8M, y los pensionistas, que confluyan en una lucha para derribar a este gobierno.

¿Qué defender?

- Pensiones mínimas de 1080 euros.

- Revalorización automática de las pensiones con el IPC.

- Derogación de las reformas de 2011 y 2013.

- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario.

- Para acabar con el paro: reparto del trabajo y reducción de la semana laboral a 35 horas con salarios decentes. Salario mínimo de 1000 euros.

- Ningún rescate a empresarios. Subida de impuestos a los ricos para pensiones y gastos sociales.