El pasado 21D finalmente no ardió Barcelona, demostrando una vez más que la realidad que se vive en Catalunya dista mucho de la que pretenden mostrar ciertos partidos y medios de comunicación. La semana había transcurrido entre nervios de muchos ciudadanos que no sabían qué esperar en un viernes plagado de movilizaciones. La incógnita sobre los actos de los CDR, la ya habitual actitud incendiaria de Ciudadanos, que incluso anunció una querella contra el president Torra antes de que se produjera ningún acto, y la agitación de los medios de comunicación burgueses provocaron que mucha gente esperara el apocalipsis en la ciudad condal. Nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que la mañana no se desarrolló como una mañana habitual, la situación estuvo muy lejos de ser caótica. Las conclusiones a sacar de todo ello son diversas.

Hoy se han conocido las penas que pide la Fiscalía del Estado español para los procesados en el juicio por el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. A 9 de los procesados se les pide penas por el delito de rebelión que van desde los 25 años para Oriol Junqueras, a los 17 años para Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell, y 16 años para los otros cinco (Turull, Forn, Romeva, Rull y Bassa). A otros nueve imputados se les pide penas que van desde 10 años de cárcel a multa de 10 meses por delitos de desobediencia y malversación. Un total de más de 177 años de prisión para 12 procesados por el único delito de querer ejercer el derecho de autodeterminación.

Hace un año, el referéndum de la independencia catalana del 1 de octubre se convirtió en un punto de inflexión en toda la situación política de Catalunya y del Estado español. Lo que llamamos el "octubre republicano" se caracterizó por una abrupta entrada de las masas en la arena política. Vimos una impresionante movilización desde abajo que desafió al aparato del Estado y la vacilación de los dirigentes de la Generalitat, convirtiéndose en uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentó el régimen del 78 en 40 años.

Finalmente, después de casi 5 meses desde las elecciones autonómicas, Cataluña vuelve a tener president de la Generalitat. La voluntad del régimen del 78 de vetar a Puigdemont y de investir un candidato sin problemas judiciales se ha acabado imponiendo, después de 4 investiduras fallidas y más presos políticos. La furiosa oleada represiva del Estado para parar el independentismo ha llevado a la suspensión de la autonomía, ha golpeado la libertad de expresión y ha hecho disminuir los derechos democráticos más fundamentales. Nunca ha quedado tan claro el carácter neofranquista y autoritario del Estado español, heredero directo de la dictadura. La represión también se ha trasladado al plan internacional, con el intento de implicar Escocia, Bélgica, Suiza y Alemania en los casos contra políticos independentistas.

Hace ahora un año, el referéndum de independencia del 1 de octubre marcó un punto de ruptura en toda la situación política en Cataluña y en todo el Estado español. El Octubre Republicano se caracterizó por una entrada brusca de las masas en la arena política, una impresionante movilización desde abajo que desafió al aparato del Estado y que desbordó las vacilaciones de los dirigentes de la Generalitat, convirtiéndose en uno de los desafíos más importantes que haya sufrido el régimen del 78 en cuarenta años. Se podía haber ido mucho más lejos. ¿Qué fue lo que faltó?

Cientos de miles de personas salieron a las calles de Barcelona el domingo 15 de abril para rechazar la represión del Estado español. Una demanda clave fue la libertad de los presos políticos catalanes: los manifestantes marcharon bajo el lema "Us Volem a Casa" ("Os queremos en casa"). Este fue el final de una semana en la que el Estado intentó (y no logró) imputar con delitos de terrorismos a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La masiva manifestación reveló la resistencia del movimiento, a pesar de una dirección que no muestra el camino a seguir.