Cuestión nacional
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La represión del Estado español, desencadenada desde octubre y culminada con la aplicación del artículo 155, se ha vuelto a sentir en relación al proceso de investidura de un nuevo President de la Generalitat. Esto ha provocado una disputa entre las dos fuerzas mayoritarias del campo soberanista, Junts per Catalunya (JxCat) y ERC ¿Qué perspectivas hay?

¿Una alternativa a Puigdemont como President?

En este contexto de, donde la justicia ha sido nuevamente empleada políticamente por el régimen del 78 para impedir a cualquier costo la investidura de Puigdemont, el bloque independentista ha sido sometido a presiones extremas. Puigdemont, tras recuperarse del choque inicial generado por la bofetada del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la sesión de investidura, ante la prohibición del Tribunal Constitucional de investir a Puigdemont en ausencia, ha finalmente cedido a la presión de ERC y, consecuentemente, a la represión del Estado. La idea central que defiende ERC de una “investidura efectiva” significa, en realidad, aceptar los límites impuestos por el 155 y por lo tanto que sea Rajoy quién decida quién puede ser o no investido.

La opción que ahora baraja Puigdemont es presidir un Consejo de la República desde Bruselas, mientras que en Catalunya se investiría a un President oficial. Esta propuesta en realidad no resuelve el problema central. Si lo que se está diciendo es que el presidente del Consejo de la República sería quien mandaría de facto mientras que el President del Govern en Barcelona sería meramente un ejecutor de sus decisiones, esta propuesta nunca la aceptaría el Estado. Si lo que se está proponiendo es que el Consejo de la República sea un organismo meramente simbólico, entonces en realidad la propuesta significa someterse a los límites del 155.

Todo esto muestra varías cosas. En primer lugar, que el régimen del 78 está determinado a evitar que el exPresident vuelva a ejercer como máximo responsable de la política catalana, independientemente del coste. El Estado no se puede permitir una nueva humillación y quiere venganza, para dar un mensaje al pueblo catalán, y también a la clase obrera y la juventud del resto del Estado, de que desafiar el statu quo no sale en balde. En segundo lugar, muestra que Puigdemont se encuentra en un callejón sin salida. Toda su estrategia gira en torno al frente institucional y diplomático; es decir, es una repetición de la estrategia ya fracasada en octubre, en vez de girar en torno a la  lucha de masas en las  calles. Sobre esta base, el Estado tiene todas las de ganar, como estamos viendo. Por lo tanto, Puigdemont tiene que buscar todo tipo de alternativas rebuscadas. Al final, el hecho de que Puigdemont esté considerando estas opciones, a pesar de ser elegido por los votantes catalanes como el candidato con el mandato democrático para presidir la Generalitat, representa en la práctica aceptar los límites impuestos por el régimen del 78.

La CUP ha argumentado que la única manera de avanzar hacia la república catalana es con desobediencia. Eso es correcto. Pero la cuestión central a discutir debe ser cuál es la estrategia necesaria para que la voluntad popular se haga realidad. Y hay que añadir que las vacilaciones del campo republicano no detienen la represión, más bien al contrario, alientan al Estado. La única forma de combatir efectivamente la represión es recuperando la iniciativa en las calles, como en la huelga general del 3 de octubre y en la jornada de lucha del 8 de noviembre.

La propuesta de investir a Jordi Sánchez

En este proceso de tira y afloja entre el Estado y el independentismo, y entre las fuerzas soberanistas mayoritarias, estas últimas han llegado al acuerdo de proponer la investidura de Jordi Sánchez, preso político y exdirigente de la Asamblea Nacional Catalana. No cabe duda de la investidura de Sánchez también sería una bofetada al régimen monárquico, por ser actualmente un preso político y una figura destacada del movimiento independentista. Como en el caso de Puigdemont, y como muestra del carácter antidemocrático y autoritario de la justicia burguesa, el juez Llarena del Tribunal Supremo ya se ha pronunciado contra la asistencia de Sánchez al pleno de investidura. También es improbable que el president del Parlament desobedezca la decisión del Constitucional y convoque un pleno para investir a Jordi Sánchez en ausencia, para evitar la inhabilitación de la Mesa del Parlament. Por eso, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha suspendido sine die el pleno del Parlament a la espera de conocer el resultado del recurso presentado ante el Tribunal de Estrasburgo por el abogado de Jordi Sánchez, para que le ordene al Tribunal Supremo que permita la asistencia de éste a la sesión de investidura del Parlament y pueda ser investido.

Vemos aquí los límites parlamentaristas e institucionales de la dirección independentista, en lugar de llamar a la movilización popular para llevar el conflicto a la calle y apelar al resto de la clase obrera española y a las fuerzas progresistas de todo el Estado a que se les unan para tumbar al régimen monárquico.

En perspectiva, se asume que si falla la opción de Jordi Sánchez, se buscaría investir a Jordi Turull, exportavoz de la Generalitat y también procesado pero no detenido, por lo que sí podría ser investido, si no es detenido antes, claro está.

La izquierda española

Los dirigentes de la izquierda española son muy hábiles para denunciar las debilidades e inconsistencias de la dirección independentista catalana: “no son consecuentes”, “han creado expectativas que no pueden cumplir”, o culpándoles, falsamente, por el incremento de la represión. Pero ellos han faltado a sus deberes más elementales, ayudando a fortalecer al régimen monárquico a su pesar. Estos deberes eran, y siguen siendo: denunciar a la oligarquía española, a sus jueces y políticos como responsables máximos de esta situación; celebrar la voluntad rupturista y republicana contra el régimen del 78 de la mayoría del pueblo catalán, defender la legitimidad del referéndum del 1-O al no dar el Estado ninguna opción política para resolver la cuestión nacional catalana; y, sobre todo, denunciar la represión del Estado que también está utilizándose contra los activistas y luchadores del resto del Estado con la movilización en la calle, para exigir la liberación de los presos políticos y combatir el chovinismo españolista anticatalán de la derecha.

Cómo ensanchar la base social de la República catalana

Como ya hemos explicado, la única garantía de avance hacia la república catalana es la movilización popular masiva y organizada. Una tarea capital del movimiento republicano es ensanchar la base social de la república, sobre todo en los barrios obreros donde ganó Ciudadanos el 21-D. Pero ahí es la CUP y demás sectores de izquierda y revolucionarios del independentismo los únicos habilitados para realizar esa labor. Para ello, hay que alejarse de la estrategia empleada hasta ahora de poner presión desde arriba a los dirigentes de JxCat y ERC, y dedicarse primordialmente a preparar política y organizativamente los Comités de Defensa de la República (CDR).

Hay que explicar que Ciudadanos es un peligro para el conjunto de las libertades democráticas y los avances sociales, no sólo en lo referido al independentismo. Lo hemos visto en su apoyo a los ataques contra la escuela catalana y la inmersión lingüística con el fin de estimular una división y un enfrentamiento en la clase trabajadora en líneas nacionales e idiomáticas. La promocionada “Comunidad de Tabarnia”, un engendro ultraderechista, es una partidaria devota  de la monarquía borbónica y del régimen capitalista de los grandes empresarios y banqueros. Los sectores de la clase obrera catalana no independentista nada tienen que ganar con gente que son sus enemigos de clase.

Pero para incidir en estos sectores de manera clara se debe ligar la lucha por la independencia con medidas sociales y de clase. Más aún, la CUP y los Comités de Defensa de la República deben declarar alto y claro que desean disputar la dirección del movimiento independentista a su actual dirección pequeñoburguesa, para darle un carácter socialista e internacionalista.

La lucha por la expropiación de pisos vacíos en manos de instituciones financieras que ha emprendido la CUP es un paso en la dirección correcta. Iniciativas de los CDRs, como la movilización popular contra la visita de Felipe VI a la Feria Mundial del Móvil en Barcelona, que provocó una indudable simpatía en todo el Estado, son el camino a seguir. 

Por otro lado, las simpatías de los obreros catalanes no independentistas hacia la idea de una república catalana se incrementarían si vieran que la izquierda independentista hace una apelación clara a la clase obrera y a la juventud españolas, solidarizándose con sus luchas y proponiéndoles que se les unan en la lucha contra el capitalismo, el régimen del 78 y su monarca. Esta sería la mejor manera, además, de extender el conflicto fuera de Catalunya y tratar de socavar al Estado español en su misma base.

Una república socialista catalana actuaría como un poderoso imán en el resto del Estado y en Europa, y abriría la posibilidad de establecer una federación socialista de repúblicas ibéricas libremente acordada y en pie de igualdad, como preámbulo a una federación de Estados socialistas de Europa.