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Editorial de Lucha de Clases nº 48 - Hemos entrado en un nuevo período de inestabilidad que no tiene que ver sólo con la situación de Catalunya, sino con la irrupción de la movilización social tras años de parálisis. Por primera vez en tres años, el gobierno del PP aparece acorralado y con una pérdida constante de apoyo social. De ahí su interés en agravar y empozoñar el conflicto catalán todo lo que pueda, como en el pasado reciente se utilizaban la cuestión nacional vasca y a ETA para desviar la atención de los problemas sociales.

Auge de las luchas

Las enormes movilizaciones de los pensionistas iniciadas en el mes de enero, que continúan hasta la fecha, fueron seguidas por la impresionante movilización y jornada de huelga del 8 de marzo –el día internacional de la mujer trabajadora– con cerca de 3 millones en las calles y 6 millones que participaron en la huelga, de un modo u otro.

Ahora vemos un claro ascenso de los conflictos laborales, donde las celebraciones oficiales por la marcha de la economía se enfrentan a la realidad del empleo precario y de la pérdida del poder adquisitivo por los bajos salarios de los nuevos contratos, al aumento de los ritmos de producción y a raquíticos aumentos salariales. Este incremento de la explotación obrera tiene su correlato en el aumento de la mortandad en el puesto de trabajo, 52 en el mes de enero (último dato disponible), 10 más que en enero de 2017, casi un 20% más.

Hasta febrero, el número de horas perdidas por huelgas aumentó un 15,5% respecto al mismo período del año pasado, según la patronal CEOE, un ascenso ininterrumpido durante 15 meses. Las recientes huelgas de 48 horas del mayor centro logístico de Amazon en España, del metro en Málaga, Madrid y Zaragoza (tranvía), en el sector lácteo, la enseñanza (interinos), entre otros, señalan una tendencia al alza.

Además de lo anterior, hay una indignación cada vez mayor por el avasallamiento a la libertad de expresión, con penas de cárcel para tuiteros y raperos de izquierdas que gritan su indignación contra los poderosos mientras que los fascistas y reaccionarios pueden permitirse todo tipo de insultos y amenazas con total impunidad. Está claro que el aparato del Estado se siente envalentonado para mostrar su perfil franquista más abiertamente que nunca.

El eje PP-Ciudadanos

Semanas atrás aparecieron fisuras claras entre el gobierno del PP y su principal sostén parlamentario, Ciudadanos. Daba la impresión de que el sector decisivo de la burguesía española (agrupado alrededor del IBEX35) se preparaba para una crisis de gobierno a medio plazo, apostando en el horizonte por un acuerdo Ciudadanos-PSOE. Pero, asustados por la envergadura que podría adquirir la protesta social contra un gobierno debilitado, parece que han dado marcha atrás temporalmente temiendo que la indignación de la calle escape a todo control y sepulte en un segundo plano la campaña de “unidad nacional” alrededor de la cuestión catalana. Así, PP y Ciudadanos han llegado a un rápido acuerdo presupuestario para 2018 que no convence a nadie. Con una deuda pública escalando a niveles récord, el ajuste en el gasto público se mantiene con una subida (1,3%) inferior a la inflación. Como un efecto de la movilización social, han concedido algunas migajas en las pensiones más bajas y en la reducción de la base imposible del IRPF en los tramos con menos ingresos. Los salarios de los funcionarios subirán alrededor de la subida de la inflación, que contrasta con la generosidad de las subidas de sueldo a policías y guardias civiles.

No al electoralismo, organizar la lucha en la calle

Con todo, la situación es excelente para que la izquierda retome la iniciativa política en la calle y exponga la identidad de intereses entre PP y Ciudadanos. Y esto debe hacerse no sólo con movilizaciones, sino con agitación de masas, mítines, actos públicos, etc. La gente ya está cansada de iniciativas parlamentarias y brillantes discursos en el Congreso, anunciados con bombo y platillo, pero inútiles para cambiar nada.

El PSOE ya ha dejado claro que su prioridad es mantener la estabilidad del régimen, lo que facilita la tarea de Unidos Podemos (UP) de reforzar su perfil opositor. Pero eso requiere un golpe de timón a la izquierda de sus dirigentes y abandonar su política electoralista y timorata. No estamos de acuerdo en esperar a las elecciones de 2019 y 2020 para que se resuelvan nuestros problemas, menos aún cuando ni siquiera hay garantías de llevar a UP al poder. Nuestros problemas no pueden estar supeditados a las expectativas personales de los candidatos que aspiran a ser concejal o diputado.

Correctamente, los pensionistas no han esperado a 2019 ni a 2020 para exigir pensiones dignas. Y no han sido las audaces iniciativas parlamentarias de UP en el Congreso las que han provocado un apoyo popular masivo a sus demandas ni las que han forzado las primeras concesiones del gobierno a favor de los jubilados. Lo han conseguido organizándose y movilizándose ellos mismos en la calle por cientos de miles.

Hay activistas, artistas y personas corrientes en la cárcel y sometidas a cuantiosas multas por ejercer la libertad de expresión. Una docena de presos políticos catalanes están en la cárcel o exiliados, sólo para satisfacer la sed de venganza del aparato del Estado y de su monarca al frente. Incluso, tras la intervención de la autonomía catalana, fueron intervenidas las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, la concejala de Ahora Madrid, Romy Arce, ha sido imputada del delito de odio contra la policía por criticar su actuación contra los manteros de Lavapiés. Es muy lamentable que Unidos Podemos, en el mayor asalto a las libertades democráticas en 40 años, no haya organizado un movimiento estatal de protesta para enfrentarse en las calles a este atropello y, de paso, enseñar a desconfiar de este aparato de Estado neofranquista y de la monarquía, ambos herramientas de la clase dominante, que mañana serán utilizados para torpedear e ilegalizar las reformas y acciones progresistas de un eventual gobierno de Unidos Podemos.

Portada LdC48

Por la huelga general

Al calor de las movilizaciones del 8 de marzo y de las movilizaciones de los pensionistas, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, declaró en una Asamblea Federal de la UGT el pasado 21 de marzo: "o cambian las políticas actuales y hay negociación y acuerdos, o después de este camino de movilizaciones que mantenemos en todos los sectores habrá huelga general". En la misma reunión, Álvarez afirmó: “Nadie como UGT ha luchado contra la ley mordaza. La actuación de algunos jueces atentan contra las libertades en este país… Me da vergüenza vivir en un país donde los defraudadores están en la calle y los tuiteros a punto de entrar en la cárcel. Hoy son ellos y mañana nosotros. Algunos sindicalistas están condenados por ejercer el derecho de huelga. No es admisible".

Todo esto está muy bien, si bien somos muy escépticos sobre la voluntad de estos dirigentes de pasar de las palabras a los hechos. Pero el hecho de que hasta las acobardadas cúpulas sindicales empiecen a hablar de que hay una ofensiva antisocial y represiva que merece una respuesta, incluida la huelga general, muestra las presiones colosales que están sufriendo desde abajo, en los tajos, fábricas y oficinas.

Para este 15 de abril los sindicatos han convocado movilizaciones de pensionistas. Lamentablemente hay una división en esto, al convocar la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas otra distinta para el 16 de abril. Nos parece un error esta división injustificable. Los intereses de los pensionistas están primero que intereses de grupo o celos de aparato. Rechazamos tanto la tendencia al burocratismo del aparato sindical como el sectarismo anti-sindical que debilita a la clase trabajadora.

Sea como fuere, ambas convocatorias tendrán un seguimiento importante, y podrían ser el punto de partida de preparación de una huelga general que aglutine demandas sindicales, laborales, democráticas y antirrepresivas, reforzadas por el incremento de las luchas obreras en montones de sectores. Esta sería también la mejor manera de señalar ante millones de trabajadores los intereses de clase de PP y Ciudadanos.

Desde Lucha de Clases emplazamos a todos los sectores obreros en lucha o en conflicto a que presionen y exijan a sus direcciones (en UGT, CCOO, CGT y otras) una unificación de las luchas que confluya en una huelga general, con la elaboración de una plataforma reivindicativa amplia y el compromiso de fijar una fecha. Unidos Podemos debería pronunciarse en el mismo sentido.

- ¡Por empleo y salarios dignos, derogación de las contrarreformas laborales!
- ¡Por la defensa de las pensiones públicas! ¡Derogación de las reformas de las pensiones!
- ¡Por la derogación de la ley mordaza y demás leyes represivas! ¡Libertad a los presos políticos!
- ¡Huelga general! ¡Abajo el gobierno PP-Ciudadanos!