Análisis Político
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El juicio del Procés toca a su fin. A falta de las conclusiones de las defensas, que tendrán lugar la semana del 10 de junio, las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como el propio desarrollo del juicio, son una demostración precisa del carácter político de este juicio. Los nueve presos políticos catalanes y el resto de encausados, (hasta dieciocho) se enfrentan a penas que van de siete a veinticinco años de prisión por rebelión, malversación y desobediencia (de acuerdo con el escrito de la fiscalía basado en la escandalosa instrucción del juez Llarena). Estamos ante un juicio político con consecuencias potencialmente explosivas para la cuestión nacional catalana, que sin duda va a marcar la legislatura que comienza.

No sólo las acusaciones y la prisión preventiva de los nueve dirigentes políticos y sociales catalanes son profundamente antidemocráticas; la propia composición del tribunal y el desarrollo del juicio demuestran que éste es una venganza del aparato del Estado y una causa general contra el independentismo, empezando porque se haya aceptado la personación de Vox como acusación particular y, fundamentalmente, por el papel del presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena. Éste es una figura prominente de la mayoría conservadora del Poder Judicial y tiene vínculos conocidos con el PP que, de hecho, le obligaron a retirar su candidatura a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial unos meses antes del inicio del juicio tras filtrarse unos mensajes de Whatsapp comprometedores del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, en los que mencionaba que con Marchena al frente del CGPJ podría [el PP] controlar la sala que iba a juzgar el Procés “por la puerta de atrás”. Lo más grave del asunto es que aún conociéndose esto, se permitió que Marchena se mantuviera como presidente de la sala que iba a dirigir este juicio.

Y Marchena no ha defraudado a su gente a lo largo del juicio. Una de las últimas muestras de esto tuvo lugar durante los interrogatorios a los testigos de la defensa, en la sesión del pasado 19 de mayo, que evidenciaron el doble rasero del tribunal y de su presidente, así como la orientación de estos. En sesiones anteriores, se permitió a los testigos de la fiscalía, fundamentalmente policías y guardias civiles que formaron parte del operativo de represión contra el referéndum, hacer todo tipo de valoraciones personales y juicios de valor acerca de los hechos del 1 de octubre y el 20 de septiembre, hablando de “miradas de odio” y de sensación de amenaza, e incluso comparando el ambiente de aquellos días en Cataluña con el del País Vasco de los 80 y 90 (cuando sí existía un riesgo cierto para la vida de los miembros de los cuerpos represivos).

En cambio, a los testigos de la defensa, el juez Marchena les prohibió hacer cualquier valoración sobre la represión que sufrieron miles de personas a manos de la Policía y la Guardia Civil, dirigiéndose a los testigos y a los letrados de las defensas con una actitud prepotente y chulesca, y conduciendo el interrogatorio de manera favorable a los intereses de la fiscalía y la acusación particular de Vox. La lógica protesta de las defensas, en especial la del abogado Benet Salellas, fue recibida por el tribunal como un ataque. Éste emitió el mismo día una especie de declaración oficiosa en forma de filtración (algo insólito), en la que se quejaba de la “desconsideración” de las defensas y las acusa de “provocación” al tribunal, invirtiendo de este modo la responsabilidad en los hechos del día 19 y en general en el desarrollo del juicio.

Esta actuación del juez Marchena fue denunciada por la plataforma International Trial Watch, que fiscaliza de forma independiente el juicio (sin acreditar, ya que “la democracia española no necesita observadores internacionales”). La plataforma emitió una declaración el 20 de mayo en la que señala que “la actitud desconsiderada y limitativa del presidente de la sala con las defensas ha llegado esta semana a su grado máximo de aparente pérdida de imparcialidad objetiva”, subrayando una vez más el carácter político de este juicio y la violación de los derechos fundamentales de los procesados. El hecho de que se haya mostrado tan abiertamente el sesgo, y tal vez el objetivo, del tribunal, obligó a Marchena a escenificar un intento de distensión en una reunión privada con las defensas, fiscalía y acusación, de la que da cuenta La Vanguardia del 20 de mayo.

Las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ocuparon la delirante sesión del pasado 5 de junio. En ella, la Fiscalía elevó a definitivas sus acusaciones y su petición de penas, insistiendo en el delito de “rebelión”, acusación que no comparte la Abogacía del Estado. No sólo mantiene la acusación formal sino que, en su exposición inicial, el fiscal Javier Zaragoza describió la acción del Govern y de las entidades sociales catalanas impulsoras del 1-O como un “golpe de estado”, independientemente de que para ello no se usaran medios violentos. La Fiscalía responsabiliza a la Generalitat, ANC y Òmnium de los cientos de heridos por la represión policial, justificando de ese modo que, en efecto, hubo violencia. En sus conclusiones, la Fiscalía compró por entero el argumentario de la acusación particular, que ejerce la ultraderecha de Vox y a la que han dejado con poco que añadir.

La actuación de la Fiscalía está provocando duras críticas por parte de juristas y de analistas burgueses medianamente serios, y con razón: su radicalismo, intransigencia, sobreactuación y nula atención a las pruebas documentales (que evidencian que la única violencia en septiembre y octubre de 2017 provino del Estado) pone al desnudo el carácter político y vengativo de este juicio, así como las tensiones que el procés y el juicio han generado dentro del aparato del Estado y entre éste y el gobierno. En su artículo Falsedades de la fiscalía (El País, 30 de mayo), Xavier Vidal-Folch enumera algunas de las inconsistencias y errores de bulto del escrito de acusación y cómo estas no se corresponden con la realidad.

El artículo de Vidal-Folch está destinado, sobre todo, a defender la actuación de los Mossos d’Esquadra (que no dejan de ser un cuerpo represivo más del Estado, cuya estructura y prestigio es necesario preservar); pero, en último término, desmonta la acusación de rebelión. Vidal-Folch expresa el punto de vista de los sectores decisivos de la burguesía a los que representa El País y que, pasado el ciclo electoral, necesitan un apaciguamiento de la cuestión catalana, aprovechando además el giro al autonomismo de ERC. Dicho apaciguamiento no es posible sin llamar a capítulo a los sectores de la derecha y del aparato del Estado que buscan una condena por rebelión y un endurecimiento de la política del Estado hacia Cataluña por cálculos electorales y prestigio.

La actitud escandalosa del Tribunal Supremo, y su actuación servil a favor de los intereses del régimen, de los poderosos y de la casta neofranquista del aparato del Estado, no ha sido revelada únicamente en este juicio. En noviembre pasado tuvimos el hecho escandaloso de que el Tribunal Supremo revirtiera una decisión de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que había fallado a favor de que fueran los bancos quienes pagaran el llamado “impuesto sobre actos jurídicos documentados”, más conocido como el “impuesto de las hipotecas”, mostrando el vínculo entre el Alto Tribunal y la banca. Más recientemente, hace unos días, hemos tenido el fallo del Tribunal Supremo que daba la razón a la familia del dictador Franco, contra la decisión del gobierno y del parlamento español – es decir, de órganos representativos elegidos por la población – de sacar la momia de Franco del infausto Valle de los Caídos.

El principio liberal, e hipócrita, de la separación de poderes, que en teoría debía servir para limitar las atribuciones de cada uno, en la práctica sirve en el Estado español para imponer los intereses del sector más reaccionario del aparato del Estado por encima de la democracia. Para la casta judicial y los mandos del Ejército y la Policía, la unidad territorial del Estado es una cuestión esencial, y va a reaccionar contra cualquier amenaza a la misma con una venganza terrible. Esta es la consecuencia inevitable de la pervivencia del aparato del Estado franquista, que el régimen del 78 heredó intacto. Sea cual sea la sentencia, el juicio del Procés es una nueva demostración de hasta qué punto es necesaria una depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado, y de una justicia verdaderamente democrática y bajo el control de la clase trabajadora, lo cual pasa en primera instancia por el derrumbe completo del régimen monárquico del 78, comenzando por su reaccionario aparato de Estado.