Análisis Político
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El ministro Escrivá, inspirado por el Ibex35, sigue maniobrando contra el sistema público de pensiones. Si hace unos meses propuso fijar las jubilaciones según la base salarial de los últimos 35 años cotizados, en lugar de los 25 actuales, para reducir las pensiones futuras, ahora propone pagar una cantidad fija a los trabajadores a punto de jubilarse para prolongar su permanencia en el mercado de trabajo.

La propuesta de Escrivá, lanzada en octubre pasado, de fijar las pensiones según la base salarial de los últimos 35 años cotizados implicaría una reducción de hasta un 6,3% de las pensiones futuras, según sus propios cálculos, teniendo en cuenta que los salarios de hace 30 y 35 años eran menores que los actuales. No hay que olvidar que la reforma de Zapatero de 2011, que tuvo el apoyo escandaloso de los sindicatos, ya elevó la base de cotización de 15 a 25 años. De manera que la reducción de las pensiones sería mucho mayor todavía, comparada con la situación anterior a la reforma de 2011. Ante el escándalo que provocó el anuncio de Escrivá, éste decidió guardarla en el cajón, pero sin renunciar a la misma.

Esta semana, Escrivá nos anunció otra propuesta. Se trata de abonar a los trabajadores que cumplan la edad de jubilación un dinero fijo anual, a condición de retrasar su jubilación y mantenerse en el mercado laboral. Este dinero oscilaría entre 12.060€ para quienes perciban la jubilación máxima (37.589€/año) con 44,5 años cotizados, y 4.786€ para quienes reciban la jubilación mínima (9.569€/año) y con menos de 44.5 años cotizados. Así, el Estado se ahorraría entre el 50% y el 68% de las pensiones de los trabajadores afectados, haciendo que trabajaran más años. Esta medida es completamente reaccionaria y un grandísimo paso atrás, como demostraremos.

En primer lugar, tendría consecuencias muy negativas para los mismos trabajadores afectados. Tras una dura vida de trabajo y explotación laboral, en lugar de una perspectiva de ocio, descanso y de vivir de manera digna la fase final de su vida, se les pide que trabajen hasta morir.

En segundo lugar, afectaría negativamente a los jóvenes y desempleados, ya que se les bloquea el acceso al mercado laboral, al no poder ocupar los huecos de los trabajadores que deberían estar jubilados, haciendo más estructural el desempleo existente y negándole la realización personal y un proyecto de vida a decenas de miles de personas cada año.

En tercer lugar, está claro que las empresas se ahorrarían miles de euros en salarios con estos trabajadores, ya que aquéllas se limitarían a completar el salario antiguo, deducido el dinero que éstos recibirían del Estado. Los empresarios podrían aducir para ello un cambio de actividad, hacerles contratos a tiempo parcial, etc.

Y en cuarto lugar, la propuesta de Escrivá contribuiría a disminuir en general los salarios de los trabajadores activos. Muchas empresas optarían por contratar a los trabajadores veteranos para tareas que no requieren especial esfuerzo físico, con menos salario real como decíamos antes, antes que contratar a trabajadores comunes con salarios mayores en convenio. Al final, se incrementaría la competencia entre trabajadores y tendería a introducir una reducción o congelación general en los salarios de todos.

Es falso que no haya riqueza en la sociedad para pagar las actuales pensiones. Hay 4 millones de parados que podrían generar riqueza adicional para sostener el sistema, que permanecen desaprovechados. El problema es que los empresarios sólo contratan trabajadores para actividades con las que puedan sacar un beneficio. Pero, ¿es que no hay necesidades que cubrir, ni más riqueza que crear? Sí las hay. Pero las empresas privadas no están para satisfacer las necesidades sociales, sino para generar cuantos más beneficios mejor para sus propietarios. Esto muestra la contradicción que existe entre el interés privado capitalista y el interés social.

Durante décadas las empresas han visto reducirse sus contribuciones patronales a la seguridad social, ya que los gobiernos han privilegiado los beneficios empresariales sobre el bienestar de los trabajadores y jubilados. Lo que hace falta es elevar estas contribuciones y arrancarle a las empresas una parte de los beneficios acumulados, que no son más que el trabajo acumulado no pagado a la clase obrera. Como explica el marxismo, durante una parte de la jornada laboral el trabajador genera un valor equivalente al salario que recibe, pero durante el resto de la jornada trabaja gratis para el empresario, que se queda con el fruto del trabajo generado por los trabajadores.

De lo que se trata no es de reducir las pensiones, sino de elevarlas. Los jubilados no tienen menos necesidades al día siguiente de dejar de trabajar. De hecho, ven incrementados sus gastos en medicinas, dependencia y personas que los atiendan, desplazamientos (taxis), etc. Por eso defendemos la jubilación con el 100% del salario, en lugar del 60% actual; y una jubilación mínima de 1.080€, el 60% del salario medio, como defiende el movimiento pensionista.

El movimiento pensionista, los sindicatos, Unidas Podemos y la izquierda en general deben exigir la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 de Zapatero (que también elevó legalmente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años) y la de 2013 de Rajoy, que introdujo el llamado “Factor de Sostenibilidad”, una compleja fórmula matemática que limita la subida de las pensiones.

Ya está bien de amagar y no golpear. Lo que se necesita es un plan serio de lucha. Si, hasta el momento, se consiguió la revalorización de las pensiones con el IPC y las medidas de Escrivá no han pasado de ser meras intenciones, no ha sido más que por la enorme lucha de estos 3 años llevada a cabo por el movimiento pensionista; todo hay que decirlo, al margen de las cúpulas sindicales que se han mostrado apoltronadas y acobardadas.

Es preocupante que Unidas Podemos, que comparte gobierno con Sánchez y Escrivá, no se haya pronunciado clara y firmemente contra estas propuestas, mostrando en los hechos que ha quedado prisionero dentro de un gobierno que empieza a mirar cada vez más hacia el gran capital en lugar de hacia las familias trabajadoras que lo pusieron en la Moncloa.

A esto se añade la renuncia del gobierno a sus propuestas más importantes en materia laboral, como la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, que en el mejor de los casos sufrirá cambios cosméticos sin afectar a lo fundamental del ataque a los derechos laborales. Se dice que lo que se acuerde lo decidirá el gobierno junto a los “agentes sociales”, sindicatos y empresarios... Pero, ¡un momento! Este gobierno PSOE-UP ganó las elecciones y se constituyó gracias a que millones de trabajadores les dieron la victoria bajo la promesa, entre otras, de derogar la reforma laboral de Rajoy. ¡Pero, a la hora de la verdad, las presiones e intereses de los empresarios parecen contar más que los votos de las familias trabajadoras! ¿Qué burla es ésta? ¿Qué democracia es ésta?

Hace unos días, Pepe Álvarez, secretario general de la UGT dijo en un acto en Madrid que “Ahora Sí Toca derogar las reformas laborales, la reforma de pensiones de 2013 y subir el SMI”, y llamó a llenar las calles el 1º de mayo. También afirmó: ““No pararemos. No es ninguna broma. Alguien puede pensar que es una amenaza. Será una maldición bíblica. Cada mes nos vamos a continuar manifestando para que nuestras reivindicaciones sean tenidas en cuenta”.

Estas declaraciones están muy bien. Pero en sí mismas no asustan a la patronal. Ya se dijeron muchas veces antes. De lo que se trata es de pasar de las palabras a los hechos, a través de la movilización más contundente, y no sacando a los trabajadores a desfilar una vez “cada mes”. Eso es ridículo y no sirve para nada. Se trata de organizar un plan sostenido de movilizaciones en el tiempo e in crescendo, con una participación real de la base en asambleas masivas de trabajadores, que culmine en una primera huelga general de 24 horas de ser necesario, con la amenaza real de escalar a 48 y 72 horas si el gobierno no cumple las exigencias de la clase trabajadora.

La patronal está haciendo su trabajo, y parece que tiene aliados claros dentro del gobierno. Ya es hora de que la clase trabajadora golpee en la mesa con su puño y obligue al gobierno a atender sus demandas.

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