Las elecciones del 28 de abril tienen una enorme transcendencia. Existe una gran preocupación por la posibilidad del retorno de la derecha al gobierno, reforzado por la ultraderecha de Vox, y es la obligación de los militantes y votantes de izquierdas poner todo de nuestra parte para impedirlo.

El adelanto electoral del 28 de abril, decidido por el gobierno de Pedro Sánchez, es la muestra de una impotencia política: querer mantener las expectativas populares hacia un cambio real, sin poder concretarlo. El asunto es que los dirigentes socialistas no quieren indisponerse con los grandes empresarios y banqueros y su aparato de Estado neofranquista de generalotes, mandos policiales, altos tribunales y jerarcas eclesiásticos. Pero, ¿cómo  hacer un cambio real a favor de las familias obreras sin desafiar fuertemente los intereses de los ricos y privilegiados?

El gobierno del PSOE y Unidos Podemos han anunciado un acuerdo de legislatura hasta 2020 que incluye un acuerdo sobre los Presupuestos del Estado para 2019, con un aumento del gasto social de 5.000 millones de euros. Para ello, se pretende incrementar la recaudación a través de un aumento de impuestos a las grandes empresas y contribuyentes. También se acuerda “suavizar” la reforma laboral del PP de 2012 y la Ley Mordaza, pero no derogarlas.

Las elecciones andaluzas han provocado una honda conmoción en la izquierda española y en millones de trabajadores, militantes y activistas sociales. Ahora, la extrema derecha de Vox ha extendido sus expectativas electorales en todo el Estado, y está la posibilidad de que un frente PP-Ciudadanos-Vox alcance una mayoría parlamentaria en unas eventuales elecciones generales. Debemos entender por qué hemos llegado hasta aquí, y ver la manera de transformar la preocupación actual en furia y lucha en la calle contra la amenaza de la derecha franquista.

100 días después de su llegada al gobierno, tras múltiples anuncios de buenas intenciones, guiños a izquierda y derecha, marchas atrás, y escasas medidas concretadas, Sánchez se enfrenta a su verdadera prueba de fuego tras el período de gracia concedido por las vacaciones de verano.

Cuando se cumplen 40 años del régimen del 78, su falta de autoridad nunca ha sido tan grande como ahora. No sólo se ha intensificado el malestar popular a partir de la crisis iniciada en 2008, por la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población; sino que esa mayoría social ha percibido y padecido que las instituciones oficiales –Justicia, fuerzas represivas, Monarquía, Parlamento– han defendido a los ricos y poderosos, y a su corrupción, y se han ensañado con los pobres y las familias trabajadoras a través de leyes injustas y de la represión.

La caída inesperada del reaccionario gobierno de Rajoy muestra el carácter inestable y turbulento de la situación española e internacional. Pedro Sánchez se enfrenta ahora al desafío de satisfacer, o frustrar, las expectativas que ha despertado en millones de trabajadores, mujeres, jóvenes, desempleados y jubilados.